Sistema financiero para la vivienda en aguda crisis

Fernando Zumbado,

exministro de Vivienda

Se ha cumplido un año en el que las ventanillas del sistema financiero para la vivienda han estado cerradas y por lo tanto no se han tramitado  nuevas solicitudes para casos de bono individual ni para proyectos habitacionales, situación realmente preocupante que requiere de acciones inmediatas. 

Mientras tanto, el sistema ha venido procesando los casos que ya estaban en consideración antes del cierre de hace un año.

Por otra parte, los recortes presupuestarios realizados durante el año 2020 y el 2021 están haciendo mella en las aspiraciones de miles de familias por tener su vivienda propia, así como en la condición económica de las empresas -la gran mayoría pequeñas y medianas-  que han invertido en la maduración de los proyectos con la expectativa de que se respetaría a futuro la asignación de recursos que por ley corresponden al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). 

Vale la pena subrayar que esta es la primera ocasión en la que esto sucede desde la creación del sistema a finales de 1986. Quienes diseñaron la ley, en aquel entonces, conocían muy bien la naturaleza de este tipo de programas, integrados con elementos de alianza  público-privada,  donde la confianza en la existencia de recursos resulta vital para la inversión de la parte privada.

La maduración de un proyecto de esta naturaleza toma en nuestro país un proceso de cerca de 2 años y la inversión en este período es sustancial de parte del desarrollador.

Por esta razón, poner freno bruscamente a la actividad acarrea serias consecuencias financieras para las empresas y tiene además consecuencias sobre las posibilidades de crear oportunidades de empleo.  El impacto negativo se da también  desde luego sobre la economía de las familias a ser beneficiadas. 

Está ampliamente comprobado que la construcción  es la actividad generadora de empleo por excelencia. Datos derivados de un estudio del Banhvi indican que por cada 20 metros cuadrados de construcción se generan un empleo directo y  un O.76 indirecto. 

Ante la realidad del país, donde un poco más de la quinta parte de la fuerza laboral está desempleada, una prioridad debe de ser sin duda favorecer la inversión en actividades que precisamente promuevan el empleo.

Asimismo, la actividad brinda oportunidades laborales a trabajadores con poca capacitación.

No cabe duda de la debilidad fiscal del gobierno y de la importancia de tener claras las prioridades.  En este sentido la inversión que genera crecimiento -y por ende mayor recaudación así como mayor empleo- debe de ser prioritaria. Aplicar la regla fiscal para inversiones en capital es un contrasentido,  particularmente en estos momentos donde el horizonte externo es poco propicio al desarrollo. 

Es importante respetar los recursos que corresponden al Banhvi,  pero se puede hacer mucho más para canalizar la liquidez que existe en el país hacia el sector de la vivienda.

El economista Gerardo Corrales ha planteado, junto a un grupo de colegas, la creación de un Fondo Nacional de Vivienda que, con base en garantías hipotecarias, genere títulos para que diferentes entidades inviertan y sean así canalizados recursos para facilitar el acceso a la vivienda de sectores de ingreso medio y bajo en el país.

En buena hora ha manifestado don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, que esta será una prioridad legislativa.

Esta urgente acción se constituye en una iniciativa que el país necesita para avanzar en lo social y lo económico y que merece un consenso en el seno del poder legislativo.