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William Hayden, economista
En 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración de los Derechos Humanos. En el artículo 6 se les confiere el derecho de ser reconocidas como personas ante la ley; en el # 7 se le confiere la igualdad ante ley, en el # 8 el derecho a la reparación, en el # 10 el derecho a una justicia justa y en el # 11 la presunción de la inocencia.
Estos derechos cobijan el concepto integral de la Justicia que leyes y tratados mundiales llegan a considerar, y que además, la Justicia debe ser Pronta y Cumplida para que sea efectiva.
Este concepto y derecho fundamental quedó integrado en el artículo 41 de nuestra Constitución Política que dice al respecto: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.
También la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 a la cual se adhiero nuestro país, en su artículo 8 establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la subastación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter”.
Para bregar con el tratamiento y la administración de la justicia en la Constitución Política de 1949 en el Capítulo Único artículos 152 al 167 se creó el Poder Judicial, independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y dentro de dicho poder a la Corte Suprema de Justicia como el tribunal superior del Poder Judicial y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial, como un ejército civil encargado de velar y cumplir en el país con el precepto de que haya una Justicia Pronta y Cumplida. Además por la ley de Jurisdicción Constitucional se creó la Sala Constitucional, conocida como Sala IV dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Nosotros los ciudadanos a través del pago de impuestos sostenemos al Poder Judicial para administrar la justicia y en el Presupuesto Nacional de este año 2022 se le asignó la suma ¢470.579.0 millones, pero sus resultados son ineficientes. En nuestro país con la inoperancia de la Corte Suprema la justicia no es pronta, es muy lenta, lentísima, al extremo que hay casos que duran hasta 10 años en resolverse y la mayoría de ellos fenecen por inactividad y/o son prescritos.
Tampoco la justicia es cumplida, y al no ser cumplida no hay justicia. Los grandes casos de corrupción en el país se quedan sin resolver como la Trocha, el Cementazo, las grandes malversaciones de fondos y fraudes contra la Hacienda Pública como Cochinilla y los Diamantes y en contra del bolsillo de los inversionistas como el caso de Aldesa. Si te vi ni me acuerdo. En la actualidad hay casi 1.300.000 casos pendientes por resolver que están durmiendo el sueño de los justos.
Pero eso sí, la Corte con la independencia de poderes y el manejo propio que hace de los recursos que recibe del pueblo se recetan con cuchara grande y es un fin en sí mismo, con altos salarios y jugosas pensiones. Los 22 magistrados, según lo denunciado por la diputada Pilar Cisneros ganan ¢8.6 millones mensuales de salarios y se pensionan con ¢10.0 millones. Es un poder burocrático de casi 15.000 empleados con jurisdicción salarial propia.
Además como los magistrados son elegidos por 38 votos de los diputados del Congreso por un periodo de ocho años, pudiendo ser reelegidos a perpetuidad, le deben favores políticos a los diputados y a los partidos que representan y se pliegan en muchos casos en proteger sus intereses y cumplir con los órdenes que intramuros les dan, porque de lo contrario, al no pagar la factura del nombramiento, corren el riesgo de no ser reelegidos y en este sentido hay una corruptela política nefasta.
Casos de estos hay miles y el más notorio que se me viene a la memoria fue el nombramiento de tres magistrados en la Sala IV proclives al PLN para favorecer la reelección presidencial que permitió el segundo gobierno de Oscar Arias. Los fiscales nombrados por la Corte en los últimos años han sido un desastre de ineficiencia y se han caracterizado por la beligerancia política. Esta corrupción se está comiendo las entrañas del Estado. No podemos continuar así.
Entre las causas de la ingobernabilidad del país está el desempeño de la Corte Suprema de Justicia y el de la Sala Cuarta. Su accionar es paralizante por los años que se toman en resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Atropellan la dignidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos de no gozar de una Justicia Pronta y Cumplida y como poder independiente, nadie debe meterse con ellos y están eximidos de la obligación de rendir cuentas al pueblo por los miles de millones que reciben anualmente para administrar la justicia en el país.
Por estas razones aplaudo la llamada de atención que les dio en esta semana el Presidente Chaves a la Corte Suprema de Justicia para que se responsabilicen de verdad para lo que les pagamos. Dejen de jugar de casita, dejen de ser un ente privilegiado e independiente y cumplan con las obligaciones constitucionales en la administración eficiente y pronta de la justicia en el país.
No es intromisión de poderes, alguien tiene que decírselos y no ha sido precisamente la prensa que obvia esta situación, pero sí respondió negativamente al señalamiento presidencial.
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