En un estudio realizado por los investigadores Carlos Cortés Castillo, consultor de la Iniciativa por la Libertad de Expresión (ILEI) y abogado de la Universidad de Los Andes y Luisa Isaza Ibarra, abogada de la Universidad Javeriana, (ambos de Colombia) que fue dado a conocer en 2017 por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, los autores citaron un claro ejemplo -que a continuación consignamos- de lo que sucede con la manipulación informativa en redes sociales y otras instancias que las nuevas tecnologías facilitan, sin que en el momento de publicación, exista instrumento alguno que determine la veracidad o el origen de lo que allí se indica.
“Semanas antes de las elecciones (en Estados Unidos), millones de personas vieron en su “newsfeed” (resumen noticioso) de Facebook una noticia en la que se informaba que, en una declaración sin precedentes, el papa Francisco había proclamado su respaldo a la candidatura de Donald Trump. Esta noticia falsa recibió 960.000 interacciones en la red social (comentarios, reacciones y compartidos), más que ninguna otra noticia real sobre las elecciones…”
No fue este un hecho aislado sino parte del proceso de desinformación que muchos políticos apoyan e incluso financian, no solo con miras a posicionarse entre quienes se tragan todo lo que salga publicado, independientemente de su procedencia y veracidad, sino también para manipular a su antojo los contenidos, y evitar así someterse al escrutinio de periodistas profesionales y medios de comunicación formales.
Con gran preocupación hemos visto en los últimos meses, la creciente cantidad de transmisores de noticias que utilizan grabaciones de Tik Tok, memes, comentarios en Facebook e Instagram y en otros medios, para reproducir mensajes oficiales y de otra índole, y en buen número de casos, atacar a quienes opinen diferente a lo expuesto.
Unos son “troles”, es decir, personas que aprovechan cualquier lugar en la red donde puedan hacer comentarios para fomentar el enfrentamiento, llamar la atención y molestar. La mayoría con insultos, mentiras y ataques rastreros. A otros los podríamos denominar “ecos”: repiten lo que sea que se les indique.
Esos “troles” y “ecos” para nombrarlos de alguna manera, no realizan su labor de gratis. Y ello nos lleva a cuestionar, muy seriamente, de dónde provendrán los fondos para mantener esas plataformas contestatarias y campañas extendidas, cuyos propósitos subterráneos no son otros que manosear la información, imponer criterios, fomentar división, evitar el cuestionamiento y deslegitimar a periodistas y medios de comunicación formales.
En el ejemplo que al inicio mostramos, según la investigación de Cortés e Isaza, “aunque no hay por ahora un estudio que mida ese impacto de manera clara, resulta indudable que Facebook, Twitter y Google sí jugaron un rol importante al ser la fuente principal de información de muchas personas. Los servicios de estas compañías no sólo fueron explotados por astutos jóvenes para hacer ganancias por publicidad. De acuerdo con los hallazgos de la inteligencia norteamericana, el gobierno ruso usó estas plataformas para esparcir noticias falsas y propaganda, buscando influenciar el debate público durante el tiempo de campaña y beneficiar la candidatura de Trump en detrimento de la de Clinton”.
Al mejor estilo de otras naciones del Continente, Costa Rica comienza a experimentar un peligroso auge de propagadores y de propaganda que se identifican como “independientes” pero que en realidad resultan favorables a ciertas figuras públicas, de gobierno, etc. situación que, por ejemplo, contradice el hermetismo a que ha sido sometida la prensa costarricense por parte no solo de fuentes oficiales sino también de ciertos representantes de empresas cuestionadas. Cualquiera puede contratar a una agencia de publicidad para posicionar sus productos o su imagen, pero como sucede con los publi-reportajes, la gente merece saber su origen, quién costea y produce dicha propaganda.
Como ya no estamos en campaña política, sería bueno que la ciudadanía reflexione en torno a esos procedimientos “des” – informativos y así como un alto porcentaje rechazó por contraproducente un desafortunado vídeo que tocaba el tema del suicidio durante la pasada contienda electoral, así también sepa desechar aquellas grabaciones, audios y comentarios que se emiten desde el anonimato o con intenciones solapadas, pues no corresponden ni a fuentes verificables ni a noticias elaboradas por los profesionales de la comunicación; sus contenidos podrían tener consecuencias muy negativas para la sociedad. Por supuesto, el país debe continuar defendiendo la plena libertad de opinión para que, quien así lo desee, dando su nombre y apellido, se exprese de conformidad con sus creencias y valores.
La transparencia informativa exige un rostro visible, auténtico, no solo para que cada cual responda por las faltas que se comentan sino también para darle credibilidad a las noticias. Y por supuesto, para apuntalar el derecho que asiste a la población de ser debidamente informada.
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