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Álvaro Campos, periodista
Mientras el presidente Rodrigo Chaves se defiende de sus detractores y de sus enemigos políticos, algunos periodistas que tiene como fuente de información la Casa Presidencial insisten en formular preguntas que lejos de resultar incómodas, resultan intrascendentes.
La situación cobra relevancia toda vez que los periodistas preguntan aquello que resulte de interés para su patrono o jefe inmediato. En ese mundillo, ninguna pregunta es antojadiza.
Ante las provocaciones, al presidente le asiste el derecho a no poner la otra mejilla. El resultado es un solo: las relaciones entre el mandatario y los comunicadores se enturbian, en perjuicio del ciudadano que pretende estar bien informado de todo cuanto ocurra en el seno del Poder Ejecutivo.
La impresión que dejan tales escaramuzas no sería más que la punta del iceberg, pues en el fondo pareciera que influyentes grupos nacionales y extranjeros utilizarían tales desencuentros para promover el descontento social. Si el descontento prospera, el siguiente paso sería la desestabilización del gobierno.
Es muy posible que, a cada vuelta de tuerca en el combate a la corrupción y a la evasión fiscal, las relaciones entre el poder Ejecutivo y los grupos afectados alcancen nuevas y peligrosas dimensiones.
Los incidentes que hemos observado en los últimos días en los encuentros del presidente Chaves con los reporteros y que se repiten con harta frecuencia dan pena y coraje. Es posible que la situación resulte incómoda para ambas partes. Creo que los periodistas asignados a la cobertura de Casa Presidencia son víctimas del odio visceral que sus patronos y otras fuerzas ocultas le profesan al primer mandatario.
A diferencia de algunos periodistas de Estados Unidos, México y el Salvador que en sus entrevistas a Trump, Lopez Obrador y Bukele, respectivamente, recurren a la provocación y al insulto, los nuestros son respetuosos con los entrevistados, ya sea el presidente de la República o el ciudadano de a pie. Si se salen de ese marco es porque alguien les redactó otro guion. “el que paga la fiesta, manda el baile”, decían nuestros abuelos.
No se descarta que ese odio hacia el hombre que ocupa la primera magistratura de la nación, surja en el seno de la aristocracia política que a su vez encuentra la forma de trasladarlo a los principales medios informativos del país.
Conviene explicar que la aristocracia política estaría conformada por hombres y mujeres que, desde el interior y el extranjero, desde la sombra o ocupando puestos claves en el sector público y privado, se consideran imprescindibles en la conducción de los asuntos políticos y económicos de nuestro país.
Para ellos, que un advenedizo en política conduzca los destinos del país, resulta algo así como una bofetada en pleno rostro. Lo que más les duele es que el presidente Chaves se empeñe en poner la casa en orden. Es decir, hacer efectivo el pago a toda persona física o jurídica que tengan deudas pendientes con el Estado.
La postura de un supuesto sector disconforme con el gobierno contrasta con la satisfacción de importantes sectores de la población que por muchos años han esperado un cambio y que las autoridades elegidas se conviertan en un dique que detenga la corrupción.
En esa lucha que libra el gobierno de Chaves, los ex presidentes de la república que ahora perciben una pensión de lujo, podrían aportar alguna pista acerca de los supuestos grupos interesados en promover el descontento social. Ellos pasaron por donde asustan.
El problema con los ex mandatarios es que están más interesados en influir sobre el manejo de la política exterior, en particular las relaciones con Nicaragua, que en aportar ideas para fomentar el desarrollo y la inclusión social en nuestro país. Para ellos, Managua es primero.
Ese comportamiento nos lleva a preguntarnos: ¿quién ordenó a la y los ex presidentes a monitorear el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y olvidó encargarles la misma tarea para México, Colombia y Brasil? Incluso, para toda América Latina.
A escasos dos meses de haber asumido el nuevo gobierno es evidente el proceso de cambio que vive el país, a favor de la mayoría de la población. Ese esfuerzo debería encontrar mayor respaldo en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados responden a esa necesidad, otros legisladores no logran salir del ruedo de la politiquería.
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