Ingobernabilidad

William Hayden, economista

Nuestro país es ingobernable y no avanza, da un paso para adelante y tres para atrás y en vez de avanzar retrocede, lo cual obedece a la ingobernabilidad en todos los ámbitos de la esfera institucional y que atentan contra la eficiencia de la Nación en materia de su gobierno. Esta ingobernabilidad se origina en los siguientes ejes:

1- INGOBERNABILIDAD POR EL ESTADO CONTRALOR Y REGULADOR

El Estado costarricense se ha convertido en un Estado que privilegia el control sobre la ejecución refiriéndose a la amplia red de instituciones de nuestro ordenamiento jurídico, encargadas de fiscalizar y controlar la ejecución de las distintas actividades del Sector Público. Tenemos una desviación centralista y contra Litis y una inclinación a evitar las responsabilidades de primera mano con la cultura de “Eso no se puede hacer”.

Una de ellas es la Contraloría General de la República creada constitucionalmente (artículos 183-184 de la Carta Magna) para fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, autorizar el pago contra los fondos del Estado, examinar y aprobar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación. Esto es todo lo que dice la Constitución en solamente dos artículos. Pero la Ley N° 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República es amplísima y abusiva con 129 artículos en 50 páginas, sin contar su reglamento, y da la impresión que se extralimita en sus funciones

Es un Órgano Omnipresente y represivo de control previo y no posterior que detiene el avance del país en materia de su desarrollo económico en especial cuando se trata de la inversión en obra pública porque todas las contrataciones y todos los carteles de licitaciones del Estado tienen que pasar previamente por la autorización del ente contralor. En otros países, de acuerdo con el Derecho comparado, las entidades de fiscalización superior ejercen un control posterior y no un control previo de los gastos e inversiones, permitiéndoles a las instituciones ejecutar sus proyectos y luego rendir cuentas sobre ellos.

La lentitud de la Contraloría para resolver es otro caso de la ingobernabilidad del país y se ha dado una especie de deporte nacional en que las empresas contratantes apelan las licitaciones al no ser ellas las favorecidas con la adjudicación de proyectos de las instituciones del Sector Público, aduciendo una serie de razones en la mayoría de los casos injustificadas, con el ánimo de obstaculizar y “joder” en el más amplio término de este vocablo. Mientras estas apelaciones siguen su curso y se resuelven “todo se detiene e inmoviliza”.

La red institucional de control y detención del avance del país, además de la Contraloría incluye a la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa. En el sector financiero-bancario al Banco Central de Costa Rica, al Consejo Nacional de Supervisión Financiera (CONASIF) con sus hijas contraloras de las entidades financieras (SUGEF), pensiones (SUPEN), mercado de valores (SUGEVAL) y el de seguros (SUGESE).

Todas con un lema: “decir que no en vez de decir que sí” La primera reacción ante los asuntos sometidos a su conocimiento es: “Eso no se puede hacer”, no son facilitadoras, no le buscan “la comba al palo” para que los asuntos fluyan y el país avance. El otro tema por resolver en este proceso de ingobernabilidad que tiene el país por la excesiva red de control es ¿Quién controla a los contralores? Se controlan así mismos. Están por encima del bien y el mal.

2- INGOBERNABILIDAD POR LA BUROCRACIA DEL ESTADO

Una gran mayoría de los empleados del Sector Público, que ahora están llamando mandos medios, se caracterizan por ser personas frustradas, apáticas, abúlicas, desmotivadas, despreocupadas, rutinarias, sin vocación, sin iniciativas, tal vez con muchos años de estar haciendo lo mismo, que les da igual “atrás que adelante” y preocupadas solamente por recibir sus salarios. Nuestra burocracia estatal es una muchedumbre preocupada por sus beneficios y no por la calidad y prontitud de sus servicios a la ciudadanía que paga sus salarios. Lamentablemente, en sus manos descansa el avance del país.

Son especialistas en poner obstáculos en la tramitología de los asuntos sometidos a su conocimiento y aprobación en las diferentes instituciones en que se desempeñan. También tienen la cultura del “no se puede hacer” y esta actitud tradicional se sobredimensionó con la Ley N°8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública surgida como consecuencia de la quiebra y cierre del Banco Anglo Costarricense en el año 1994 por actos de corrupción de su Junta Directiva, cuadros gerenciales y personas allegadas al gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier.

Esta ley tiene la finalidad de prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública y descarga sobre los servidores públicos (la burocracia estatal) el deber de probidad en el sentido de ejecutar sus funciones con rectitud y buena fe, administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. La violación al deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituye justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. Las consecuencias de esta ley, que por cierto es una de la más irrespetada por la clase política, es su efecto negativo en el empleado público que se ha hecho muy temeroso en el ejercicio de sus funciones y miden con centímetros sus actuaciones para no infringirla. ¡Y así, ahora sí! casi nada se mueve en el sector público.

3- INGOBERNABILIDAD PARLAMENTARIA

El multipartidismo y la composición del Congreso han hecho que el manejo político de la Asamblea Legislativa sea sumamente difícil y complicado, porque aparte de la multitud de fracciones, están los diputados que se divorcian del partido que usaron como trampolín y se constituyen en jefes unipersonales de fracciones independientes, a las que también hay que tomar en cuenta en la búsqueda del consenso.

Negocian su voto para que los incluyan en la integración del directorio y en las comisiones parlamentarias como mero mercaderes. Se ha caído en un sistema en donde las minorías y no las mayorías imponen sus criterios y el consenso cuando se obtiene es a cambio de graciosas concesiones.

Con el Reglamento Legislativo que no hay manera que se modernice y agilice, porque no existe mucho interés (“los ratones cuidan su queso”) un solo diputado puede bloquear un proyecto de ley por tiempo indefinido y las consultas frecuentes a la Sala Constitucional paralizan la gestión legislativa y su productividad. El destino del país está dependiendo de los intereses minoritarios y profundamente diferentes del conjunto de la comunidad nacional y no puede legislarse sin su apoyo lo que compromete a las mayorías parlamentarias.

4- INGOBERNABILIDAD POR EL PODER JUDICIAL

Gracias al Presidente Chaves se ha destapado la ineficiencia de la Corte Suprema de Justicia organismo en el cual los costarricenses en vez de financiar la justicia, financiamos la burocracia de dicha Corte y su justicia es lenta y no cumplida. Pero se nos ha quedado atrás examinar a la Sala Constitucional, que es paralizante por los años que se toma en resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. Con solo que los admita para su estudio todo se detiene hasta las calendas griegas. Nada se mueve. Todo el mundo quieto en sus bases hasta que la Sala resuelva.

La Asamblea Legislativa casi que no legisla, ahora consulta previamente a la Sala, pero también cuando aprueba leyes se las manda a la Sala para que ella las apruebe o rechace. Con estas consultas facultativas el Congreso retrasa también por mucho tiempo la aprobación de leyes. El gobierno y las instituciones no ejecutan, consultan a la Sala. Los ciudadanos por cualquier dolor de muela van a la Sala con recursos de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad como personas frustrados porque las instancias responsables no atienden sus reclamos. Pero igualmente por deporte acuden a la Sala por cualquier motivo y mientras esta se pronuncia detienen el avance del país.

Por otra parte los Magistrados están muy felices con estos súper poderes. Se sienten con ganas de legislar, de ejercer el poder, de ir más allá de lo que les manda la Constitución. Casi todo lo admiten para estudio y resolución, y así, sin “querer queriendo” la Sala Constitucional se han constituido en el ente público más poderoso dentro de la organización del Estado costarricense y es por sí misma un nuevo poder de la República con un monopolio absoluto de sus decisiones, que son incuestionables, vinculantes y erga omnes. Ama y dueña de la verdad y atenta contra la independencia de los poderes. Esta ingobernabilidad hay que resolverla y la única forma es modificando el artículo 10 de la Constitución Política y la Ley de Jurisdicción Constitucional para delimitar y redefinir responsablemente los poderes de la Sala Constitucional y acotar los tiempos de respuesta.

5- INGOBERNABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO

Otra de las causas de la ingobernabilidad del país reside en el Poder Ejecutivo. Paradójicamente no tiene nada de ejecutivo. Es el “Poder No Ejecutivo”. Igualmente es paralizante en la toma de decisiones; entrabado; lento; anquilosado, con un peso excesivo de una burocracia abúlica, enorme, desproporcionada, desmotivada, sin hambre y carente de innovación y del sentido de la urgencia. Un Poder Ejecutivo saturado de ministerios que cada cuatro años crecen como los conejos de acuerdo a las ideas y compromisos del presidente de turno.

Enorme cantidad (330) de instituciones autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas, adscritas, asesoras y guindadas. Todo este mejunje institucional es complicado, repetitivo por el repique y enlace de funciones. Nadie se ha preocupado por hacer una reforma integral administrativa y funcional del Poder Ejecutivo que no debería tener la misma conformación que se consagra en la Constitución.

Así las cosas urge una reforma del Estado para hacerlo ágil y eficiente. Se han creado muchas comisiones de notables que se han caracterizado por su notable impericia en proponer soluciones que corrijan estos males de ingobernabilidad y ubiquen al país en los escenarios de la Cuarta Revolución Industrial, en donde lo tecnológico dejará como momias de museo a la institucionalidad del país.

¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién o quienes asumen este reto histórico vanguardista?