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Eduardo Amador Hernández, periodista Visión CR
Al sumar los primeros 100 días de su gestión, el presidente Chaves goza de una muy alta popularidad entre los costarricenses
Apenas da sus primeros pasos, son sus primeros 100 días, la criatura tiene tres meses y un poquito más; está en un punto donde es muy difícil valorar su accionar; no obstante, el poco tiempo pasado si ha sido suficiente para determinar cuál es el sello personal que Rodrigo Chaves Robles impone e impondrá en los restantes 1360 días que le quedan por gobernar.
A don Rodrigo le toca gobernar en un periodo complicado de la historia, no solo de Costa Rica, sino también del mundo. La pandemia, aunque él dice que desapareció, según los científicos continua; la guerra de Rusia contra Ucrania y las tensiones entre China y Taiwán y por consiguiente con Estados Unidos marcan un punto de inflexión en la realidad del mundo y por ende en la nuestra.
Los altos precios de los combustibles – en estos momentos a la baja- es un asunto complejo que azuza la inflación en todo el mundo y Costa Rica no es la excepción, pues desde el 2009, en el último gobierno de Óscar Arias, no se ha tenido una inflación tan alta, como la actual.
La inflación es considerada como el más duro y grave de todos los impuestos pues recae sobre todo el mundo, pero en especial sobre los más pobres que ven como se reduce su nivel adquisitivo. Se estima que dada esta situación, habrá también un crecimiento del número de pobres en el país, situación que alarma pues ya con la pandemia ese número había aumentado.
Confrontación
A lo interno, lo que resulta evidente que don Rodrigo se ha confrontado con diversos sectores: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, universitarios, arroceros, medios de comunicación, universidades y otros más.
La prueba más dura a que se ha sometido al gobierno se dio este 16 de agosto cuando miles de universitarios marcharon hasta la Casa Presidencial demandando el respeto hacia el presupuesto que constitucionalmente le corresponde al sistema de educación superior estatal. Originalmente, el gobierno pretendía una rebaja de 129 mil millones de colones, a lo que se oponían los universitarios.
Tras una multitudinaria marcha y luego de una reunión sostenida con las autoridades gubernamentales, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Rodrigo Arias Camacho anunció, complacidamente, que las universidades no recibirán menos de 522 mil millones de colones asignados en el 2022 y que quedaban otros aspectos por analizar en las siguientes reuniones.
Pero hay otra serie de hechos que no deben sorprender a absolutamente nadie sobre el actuar, hasta el momento, de don Rodrigo como presidente, para lo cual es necesario recordar que durante la campaña electoral él fue claro y expuso sin rodeo sus dudas sobre el funcionamiento institucional del país.
Varios frentes de pelea
Ya como presidente, don Rodrigo no ha tardado mucho en actuar y por eso, se ha peleado con la Asamblea Legislativa y ha confrontado a la Corte Suprema de Justicia y también lo ha hecho y de manera reiterada con algunos medios de comunicación tradicionales que se atrevieron en la campaña política cuestionar su paso por el Banco Mundial, donde unas funcionarias lo acusaron de acoso sexual. Sus respuestas fueron ambiguas.
Sobre los diputados, el presidente dijo en Guanacaste, con motivo de las fiestas de la Anexión, que jugaban a las chapitas, lo cual molestó a la mayoría de los legisladores que consideraron improcedentes las palabras del mandatario y esto motivó una reunión con el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, en la que se acordó crear “canales de comunicación para superar posibles discrepancias”.
Mientras tanto, la jefa de la fracción del partido gobernante, Pilar Cisneros, sin duda la segunda figura política más fuerte del gobierno, formuló un comentario que demerita la función legislativa y dejó abierta la acción que el partido Progreso Social Democrático propuso en su programa de gobierno: gobernar por decreto.
Cisneros manifestó que “para que vamos a recurrir a la Asamblea..la Asamblea siempre es un enredo”. O sea, la señora diputada no cree que la Asamblea sirva para algo, sin embargo, se mantendrá en el cargo pues ella sabe que con solo su presencia impone temor en la inmensa mayoría de sus colegas.
¿Apertura total para la prensa?
Mientras tanto, las relaciones del presidente con los medios de comunicación tradicionales y los que considera no son de su simpatía son tirantes, al extremo de llamar a esa prensa “canalla” y a través de su ministra de Comunicación, Patricia Navarro, ha girado instrucciones para que los ministros, presidentes ejecutivos y otros funcionarios no brinden declaraciones a La Nación, Telenoticias, Crhoy, Amelia Rueda.com y Hablando Claro de Vilma Ibarra.
De forma intimidante, Chaves se refirió a algunos medios de comunicación de la siguiente forma: “Somos un tsunami y, sí, vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7, óigame Ignacio Santos, óigame René Picado, óigame Armando González, aquí estamos…”
Aquí es es interesante lo que manifiesta el programa de gobierno del PPSD en la parte de enfrentar la corrupción, que en su punto cinco expresa: “apertura total a la prensa, cuerpos académicos y a la ciudadanía en general para que evalúen la gestión pública”.
Sin duda, el papel aguanta lo que le pongan, pues esa interesante posición nunca la asumió ni el candidato ni el presidente de la República y se la pretende endosar también a todos sus compañeros de gabinete y presidentes de autónomas, algunos de los cuales, en apariencia, no le han hecho caso pues es frecuente verlos en los medios de comunicación ofreciendo entrevistas o dando declaraciones.
Llama la atención un documento oficial donde se lamenta que al llegar a los 100 días, ninguno de los medios lo haya llamado para entrevistarlo sobre lo hecho en este primer periodo de su gestión. Es algo así como desdecirse de la solicitud hecha por la ministra Navarro a sus colegas de las oficinas públicas donde les pide que no se brinden entrevistas a algunos medios, obviamente, entre ellos los considerados más importantes.
Medidas en el sector salud
También, haciendo buena su promesa de “me compro la bronca” hoy, Chaves se enfrenta al sector salud del país que, con criterio científico, manejó la pandemia desde su inicio en el 2020.
El presidente, en primera instancia, suspendió la obligatoriedad del uso de las mascarillas y posteriormente, sin brindar argumentos sostenidos de tipo científico, dio por terminada la emergencia sanitaria que desde el inicio de la pandemia se declaró en el país durante la administración Alvarado Quesada.
Incluso, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el ex ministro de Salud, Daniel Salas, el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya y contra la Comisión Nacional de Vacunación por el delito de prevaricato que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución administrativa o judicial a sabiendas de que esa resolución es injusta y contraria a la ley. Se considera que es equiparable al incumplimiento de deberes del servidor público.
Hay que esperar para determinar qué dirán los jueces de la república sobre esta solicitud del gobierno de Chaves.
Hay que recordar que al inicio de la pandemia y en los meses siguientes, los costarricenses valoraron positivamente el trabajo realizado para combatir al virus causante del Covid19. Antes de abril del 2020, las encuestas que se hicieron para valorar el trabajo del gobierno Alvarado Quesada, daban resultados negativos.
Sin embargo, tras el inicio de la pandemia y gracias a la acción gubernamental, ya en abril del 2020, más de un 93% apoyó la gestión que realizaban, en ese momento, las autoridades de salud, apoyo que se mantuvo por mucho tiempo.
Otros frentes
Por otro lado, es evidente que a algunos proyectos de la administración anterior les puso el ojo y da la sensación de que los persigue duramente, como es el caso del proyecto de tren eléctrico e incluso, el presidente se atrevió a afirmar que se trataba de “un capricho” de la ex primera dama, Claudia Dobles.
También, Chaves decidió comprarse un pleito con los colegios profesionales al anunciar un decreto por medio del cual se eliminarían las tarifas establecidas por esas corporaciones para sus incorporados.
Según el Ejecutivo, con la medida se pretende eliminar las tablas de precios mínimos de abogados, contadores públicos, notarios, ingenieros, arquitectos, químicos, terapeutas físicos, geólogos, microbiólogos, químicos clínicos, biólogos, físicos y nutricionistas.
El solo anuncio del decreto provocó la reacción de esos colegios que afirmaron que usaron todos los instrumentos legales en favor de sus incorporados.
Además, el gobierno se encuentra enfrentado al sector arrocero del país pues anunció una desregulación en el precio de este grano y en su lugar entregarles un subsidio de 3 millones de colones para que se preparen para enfrentar la importación de ese producto.
El gobierno anunció a principios de julio dos decretos como parte de lo que ha llamado “ruta del arroz”. El primero elimina el esquema de fijación de precios y el segundo reduce el arancel que pagan los importadores de arroz del 36% al 4,5% para el arroz sin procesar y del 36% al 5% para el arroz pilado.
El sector arrocero productivo nacional ha afirmado que con esta medida su actividad corre el riesgo de desaparecer y ha advertido sobre el riesgo que esto implicaría en caso de una crisis alimentaria mundial. Además, han dicho que con esa disposición se beneficia a un pequeño grupo de importadores.
Sin embargo, sobre este tema, algunos entendidos en la materia afirman que hay que esperar al menos un año para ver si los precios del arroz bajan tal y como lo pretende el gobierno.
Otro decreto de la administración Chaves tiene que ver con la baja en el precio de los medicamentos. Lo que se pretende es que las empresas que registren una medicina en el país, dejarán de tener la exclusividad para para la importación o producción de ese medicamento en territorio nacional, lo que aumentará la competencia entre empresas y, supuestamente, hará bajar el precio para los consumidores.
También, sobre este decreto se ha dicho que tendrá que esperarse al menos un año para determinar su eficacia.
Estas y otras medidas han provocado diferentes reacciones, entre ellas, un apoyo inusitado a la gestión del gobernante por parte de la población costarricense, según una encuesta publicada por el Observatorio para el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica que determinó que un 70% de la población lo respalda en la actualidad.
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