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Por Nivaria Perera y Fernando Fernández
Luego de una multitudinaria marcha estudiantil que desembocó en Casa Presidencial ayer por la mañana, el Gobierno aceptó finalmente la propuesta que llevaron los rectores desde el primer encuentro, hace aproximadamente una semana.
Tras la cita de los rectores de los centros de educación superior con la ministra de Educación Anna Katherina Müller, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Rodrigo Arias, informó a la prensa que como resultado de este primer acuerdo, no se producirá la rebaja de ¢128.000 millones pretendida por el Gobierno en la última cita de la Comisión de Enlace, en la negociación del FEES 2023, ni se verán afectadas las becas estudiantiles.
El presidente de CONARE advirtió que de esta forma se da cumplimiento al artículo 85 de la Constitución Política, que establece el financiamiento estatal de las universidades públicas.
“Está todavía en la mesa analizar ese componente del costo de la vida, para eso nos reuniremos mañana por la tarde en el Conare, para avanzar y ojalá finiquitar este punto y firmar el financiamiento de las universidades públicas para el otro año”, subrayó Arias.
Por su parte, la titular de Educación comentó que durante el encuentro se acordó mantener un diálogo respetuoso, con reglas de oro, “que nos ayudan a pasar por una discusión en momentos muy difíciles que el país enfrenta, vamos bien en la conversación. Hemos llegado a un acuerdo de que la base del presupuesto del 2022 se mantendrá para el 2023, sin rebajo a esa base”, anunció Anna Katherina Müller.
“Queda por analizar la propuesta de las universidades de considerar un incremento por costo de vida. Lo vamos a conversar en el mismo marco que estamos revisando nuestro propio presupuesto y seguiremos mañana en la tarde en otra reunión donde vamos a conversar sobre este presupuesto”, señaló la ministra de Educación.
Origen del conflicto
Como se recordará, las autoridades universitarias plantearon en su momento partir –en las negociaciones sobre su financiamiento- del presupuesto otorgado para 2022 y añadir luego inflación o costo de vida.
El Gobierno presentó una contrapropuesta con el recorte anunciado días atrás, que fue rechazada por los representantes de las universidades.
Finalmente, se acogió el primer plan y hoy miércoles se reunirán de nuevo los protagonistas de esta negociación para ahondar sobre el tema de la afectación del presupuesto por el tema de la inflación.
Multitudinaria marcha
Desde muy temprano, estudiantes pertenecientes a las universidades públicas como la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se reunieron en los alrededores de la fuente de la Hispanidad, y pasadas las 9 de la mañana iniciaron su ruta hacia Casa Presidencial en Zapote.
Música, banderas y consignas a favor del fortalecimiento de la educación superior caracterizó esta marcha pacífica que reunió a miles de estudiante, profesores y representantes de otras fuerzas vivas de la sociedad.
Varios legisladores participaron en la marcha, entre ellos Kattia Rivera, Óscar Izquierdo, Rosaura Méndez, Sonia Rojas y Monserrat Ruiz. Izquierdo, parlamentario de la bancada del partido Liberación Nacional, comentó a Visión CR que marchó con los estudiantes para “defender principios que he defendido siempre: la autonomía universitaria, un presupuesto adecuado para hacer realidad la Costa Rica que siempre hemos soñado y que está basada en la educación”.
Por su parte, el politólogo Constantino Urcuyo indicó que hace 50 años marchó, el 24 de abril de 1970, para defender el medio ambiente costarricense, “contra las mismas fuerzas reaccionarias que hoy quieren deteriorar la educación pública. Por eso salgo a marchar, para defender la ciencia y la libertad de pensamiento”, señaló.
El exdiputado y catedrático Óscar Aguilar Bulgarelli, dijo a Visión CR que la ministra de Educación ha informado al país con mentiras en aras de desproteger a las universidades de los recursos que serían bien empleados en beneficio del país, “creando odios innecesarios entre los estudiantes de primaria y universitarios”.
Subrayó que el 63 por ciento de la población universitaria estudia con becas y el 90% de los graduados de las universidades están trabajando en la actualidad.
Asimismo, dos diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios afirmaron que se debe respetar el principio constitucional de no disminuir el aporte estatal a las universidades públicas.
La diputada presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que la propuesta del Gobierno de rebajar en ¢128.000 millones el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Estatal (FEES) era un “irrespeto al principio constitucional” que indica, en el artículo 85 de la Constitución Política, que ese monto no puede ser disminuido.
Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista y miembro de la Comisión, Eliécer Feinzaig, reconoció la existencia y el respeto de ese principio constitucional, aunque afirmó que se puede buscar un balance entre la propuesta del Gobierno y la de los rectores que buscan incrementar por costo de la vida el monto destinado a las universidades públicas en el 2023.
La marcha peinó canas en defensa de la educación superior
Decenas de adultos mayores a pesar de sus juanetes, dolores de rodilla y paso lento caminaron hasta la Casa Presidencial desde el 2 pretil de la Universidad de Costa Rica Otros muchos se sumaron al grupo de alumnos del Programa Integral del Adulto Mayor, PIAM.
No olvidaron s llevar calzado y ropa cómoda (camisa blanca o celeste), bloqueador, sombrilla, capa e hidratación y todos como es usual en los pasillos universitarios marcharon junto a los jóvenes que se inician en la vida de los estudios superiores.
También se lograron ver las canas de profesores eméritos y catedráticos que se sintieron volver a renovar sus votos pro universidad pública recordando luchas similares en otros momentos cuando los ministros de Hacienda, quisieron meter mano a los presupuestos que dan sustento a las investigaciones y actividades de proyección social que hoy suman muchas de las universidades públicas no solo en el área central sino en zonas rurales.
“La calidad de nuestra educación nos define como país y no existe justificación fiscal para
reducir el financiamiento de todo el sector educativo, como lo propuso el 11 de agosto
la ministra de Educación, Katharina Müller Castro”, por eso estoy aquí nos dijo efusivamente Maribel Jiménez, compañera del curso regular Cine y Literatura, de Estudios Generales de hace un par de años.
Y a sus declaraciones se sumó Fofo Rojas, vecino y compañero del curso del PIAM Historia de Israel I y II que dictaba la profesora Rebeca Greenpam y que gozamos juntos las giras a la Sinagoga costarricense, en Rohrmoser de esta ciudad, quien enfáticamente nos dijo” no podemos permitir que se quieran priorizar una educación sobre otra del país. Hay una y solo una, la pública que vela por la excelencia. Nunca se han dejado por fuera grupos poblaciones. Investigue y la UCR beca al 54 % de sus estudiantes y, en las sedes regionales, donde lamentablemente, los costarricenses poseen una vulnerabilidad social la proporción de estudiantes becados es 84 %.”. Recordó a los chicos y chicas de Puntarenas y Abangares que tomaban café con nosotros en la soda, simpatizando con las canas que pueblan nuestras cabezas.
Los recortes , consideran los estudiantes universitarios debe buscarse en otros rubros y no en los presupuestos que son sensibles como educación y salud. La población no debe angustiarse por el futuro de los estudios de sus hijos, argumento Marianela, vecina de Heredia.
Ojalá fueran los estudiantes los que ganaran realmente, que ganara la educación, que las altas autoridades de las universidades públicas entendieran que no son soberanos, que los estudiantes tienen voz y voto, que no están ofreciendo la mejor formación, que deben aportar al país, promoviendo foros y debates nacionales interdisciplinarios.. que se requiere presencia y mejoras..