Un discurso preocupante

Desde hace varios años, en mayor o menor medida, algunos políticos y funcionarios, han contribuido -a partir de decisiones influidas por las demandas de la globalización, de los organismos financieros internacionales o simplemente por su avaricia personal- a debilitar instituciones propias del estado social de derecho, fundamentalmente solidario, que se instituyó desde el inicio de la Segunda República y que resultó ser un modelo que rápidamente se adaptó al modo de ser del costarricense, al reflejar principios y valores que permitieron a la ciudadanía convivir sin enormes brechas sociales, educativas o culturales, tan grotescas y dañinas como las que han sufrido y todavía padecen otras naciones del mundo.

Aún con grandes yerros y gazapos, el eje constructor de una nación respetuosa de los derechos humanos, defensora de la justicia y de la equidad, se ha mantenido hasta hoy, a pesar de la corrupción y de la desidia de muchos oportunistas, centrados únicamente en su enriquecimiento personal.

El modelo -con los lógicos ajustes que deberían incorporarse, como por ejemplo las fusiones, para evitar duplicidad de labores y planillas- sigue siendo un esquema ideal para incentivar oportunidades de crecimiento entre los que menos tienen y perpetuar una paz social que -aunque amenazada por la violencia, el desempleo y la miseria- es todavía una condición que se debe cuidar con esmero.

En Europa, países con altos índices de desarrollo- Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y otros- se rigen por esos esquemas políticos que con algunas variaciones, están encaminados a procurar el mayor bienestar de los ciudadanos, a través de pilares tan importantes como lo son:

La sanidad, basada en un sistema universal y gratuito en donde han ido apareciendo fórmulas para que el ciudadano contribuya parcialmente a financiar los servicios.

La seguridad social, partiendo de las pensiones contributivas de jubilación, que también ofrecen cobertura ante diversas circunstancias tales como orfandad, incapacidad o viudez.

La educación, de carácter universal y obligatorio, subvencionada en niveles incluso superiores.

Los servicios sociales, que proveen asistencia a población en condiciones de vulnerabilidad, cuando por motivos poderosos, no han podido alcanzar ingresos mínimos para sostenerse.

Y finalmente, lo que los europeos denominan como “banca ética” representada por la Federación Europea de Bancos y Financieros Éticos y Alternativos (FEBEA), que agrupa a una treintena de instituciones financieras de 17 países del Viejo Continente y que entre otras cosas, postula “un crecimiento inclusivo y medioambientalmente sostenible”.

Lejos de esas guías y proyectos tan importantes para los pueblos, reaparecen ahora los nuevos políticos “neoliberales” de América cuyo objetivo -en concordancia con los de las organizaciones que imponen las condiciones económicas en la región, llámense Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial u otras- es deslegitimar el modelo social -que en el caso de Costa Rica, la ha sacado adelante- e incentivar la venta y privatización de instituciones y servicios, medidas que favorecerán a los que más tienen y que dejarán en total desamparo a millones de personas en frágiles naciones, cada día más endeudadas y atrapadas en los tentáculos que desde otras latitudes las amarran.

Fehacientes han sido las muestras que -en su discurso- está dando el gobierno actual, de querer transformar nuestro Estado Social de Derecho en un régimen distinto, donde solidaridad, justicia social y equidad, pasarían a ínfimas posiciones, para dar prioridad a cuestionadas decisiones, que se alejan cada vez más del sentido humanista que debe privar cuando se ejerce un liderazgo consciente, democrático y verdaderamente fundamentado en el bienestar del mayor número.

A juzgar por sus recientes propuestas, el mensaje populista de Rodrigo Chaves que hace pocos meses capturó el voto mayoritario, ya se volvió humo, para darle paso a algunos planes y propuestas, cuyos objetivos -ultraconservadores y preocupantes- podrían redundar en motivos adicionales de angustia para miles de familias y llevar al país al enfrentamiento social y a una eventual ruptura del orden público.