La huella de los “angurrientos”

El vocablo “angurriento” que significa “persona mezquina y con ambición desmedida por las riquezas” describe a la perfección a muchos personajes latinoamericanos -y de otros continentes también- que en el ejercicio de cargos públicos, desde los cuales deberían brindar ejemplo de transparencia y probidad, cometen graves daños contra el erario de sus respectivos países, con total ausencia de pudor o cargo de conciencia alguno.

Es el caso reciente de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, para quien la fiscalía de su nación ha solicitado 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente. El sonado caso divide al país sudamericano y ha ocasionado que miles salgan en tropel a las calles, a pedir que la encierren, mientras que numerosos fanáticos que la apoyan, también han causado problemas durante las revueltas callejeras que protagonizan.

Y es que en esta era de los “angurrientos”, hay muchas personas a las que la avaricia, les anula todo sentido moral. Los ejemplos están a la orden del día en nuestro propio suelo donde sus huellas han hecho estragos.

No hay que ir muy lejos para darnos cuenta de las acusaciones -la mayoría debidamente formalizadas y en investigación ante el Ministerio Público- que pesan sobre algunas figuras públicas y del ámbito privado de nuestra nación, imputaciones que según el debido proceso, tendrán que sustentarse fehacientemente hasta llegar a esclarecerse -en tiempo y derecho- por completo, pues sobre miles de costarricenses pesan como fardos que aplastan la confianza y el ánimo, variados sucesos, dudas sin resolver, que enrarecen el ambiente político y alimentan el resentimiento popular.

Sobre todo en duros tiempos en que la confianza y credibilidad ciudadana se han debilitado tremendamente, es inaudito que unos pocos permanezcan imperturbables, como si fuesen modelos de decoro y se nieguen a comportarse de forma responsable o que incluso, traten de minimizar el impacto que nefastos actos de corrupción -viejos y nuevos- tienen sobre las finanzas del país y la opinión pública.

Menuda tarea lleva sobre sus hombros el Poder Judicial de Costa Rica, en momentos en que lamentablemente la Corte Plena no ha nombrado aún al Fiscal General de la República y en los que su presidente, don Fernando Cruz, cercano a su salida, no optará por la reelección, razón por la cual deberán escoger a un nuevo magistrado.

Esperamos que quien lo suceda en tan alto cargo, desempeñe un papel igualmente importante que el que ha tenido Cruz. Para ello deberá apoyarse en los mejores funcionarios, con valentía y transparencia, para juntos sacar adelante, como corresponde a hombres y mujeres de ley, la urgente tarea de dilucidar culpabilidades, establecer penas y limpiar la mala hierba -a lo interno y externamente- para que con su concurso, vuelvan a brillar en Costa Rica los valores del respeto, la ética y la honestidad.

Ninguno de los tres poderes de la República: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, están exentos de críticas y reclamos por parte del pueblo costarricense que ha visto como, desde los más altos estrados del poder, en ocasiones se retrasan o engavetan lo mismo iniciativas que podrían ser beneficiosas para el país, que perniciosas denuncias que habría que atender y clarificar a la mayor brevedad posible.

En gran medida, de ello dependerá que nuestro sistema democrático -de pesos y contrapesos- siga manteniendo el necesario y justo equilibrio.