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Adriana Núñez, periodista Visión CR, carné 417
*A los antecedentes que se remontan a la campaña electoral -a la vista de todos los ciudadanos- se han ido sumando nuevos hechos durante la actual administración de Rodrigo Chaves Robles.
La escalada de violencia ha crecido desde la pasada campaña electoral, cuando el entonces candidato presidencial por el partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, arremetió contra varios medios de comunicación y específicamente contra los directores de dos de esos medios, Ignacio Santos de Telenoticias y Armando González, de La Nación, a quienes durante una de sus alocuciones, amenazó públicamente con destruirlos, mensaje que quedó grabado en vídeo y que posteriormente se hizo viral.
Por aquellos días, ambos medios habían publicado información -como también lo hicieron otros muchos- sobre las acusaciones y respectiva sanción recibidas por Chaves, debido al caso de acoso sexual del que fue protagonista en perjuicio de dos funcionarias del Banco Mundial.
Finalizado el proceso electoral en segunda ronda, que dio el triunfo a Rodrigo Chaves Robles y una vez investido como Presidente de la República, desde las primeras conferencias de prensa convocadas por su administración, manifestó abiertamente sus críticas y animadversión contra algunos periodistas y se produjeron desplantes e insultos a quienes acudían a cubrir las informaciones emanadas desde Casa Presidencial. El maltrato resultó más evidente cuando se trataba, entre otros, de reporteros incisivos y con experiencia como los periodistas Yesenia Alvarado de Canal 7 y Carlos Mora, quien labora para el medio digital CRHoy.
Ante el malestar de un nutrido grupo de periodistas profesionales y la ausencia de una declaración oportuna por parte de las instituciones gremiales, que a la vez deben resguardar no solo la libertad de prensa sino también el derecho a la información que asiste al pueblo costarricense, entre ellas: el Colegio de Periodistas de Costa Rica (COLPER) y el Sindicato Nacional de Periodistas (SNP), seis expresidentes del COLPER -entre los que me cuento- publicamos un manifiesto solicitando respeto para el desempeño profesional y la garantía establecida en nuestra Carta Magna, de que en el país la prensa es libre e independiente. Dicho documento se hizo púbico desde el 1 de julio 2022 para la recolección de firmas.
Adicionalmente se contó con una declaración del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) que fue la única organización a nivel nacional que se pronunció claramente en defensa del ejercicio profesional.
Caso omiso a clamor de periodistas y ciudadanos
No obstante la publicación de dicha excitativa, suscrita por decenas de periodistas y ciudadanos costarricenses y la declaración de IPLEX, el gobierno lejos de reflexionar ante el maltrato a los comunicadores y en torno a la garantía democrática de una prensa libre, desatendió las solicitudes.
Así también se ignoró la petición respetuosa de los expresidentes del Colegio para que se bajara el tono a la violencia verbal e insultos proferidos mediante una sistemática campaña de deslegitimación de la prensa, donde se nos tildaba a todos de ser “prensa canalla” hasta llegar al extremo de comparar a los periodistas con “la fauna” y específicamente con “ratas”. Un lenguaje que dista mucho de la manera de hablar respetuosa que precisa utilizar sobre todo quien desde la función pública, debería dar ejemplo de transparencia, respeto y dignidad, especialmente en momentos en que se vive un clima de tensión y violencia a lo interno de nuestra sociedad.
Entre otras acciones tendientes a limitar y obstaculizar el trabajo de recolección de información periodística de las fuentes confiables, también se sumaron instrucciones dadas a las jefaturas de varias instituciones públicas -entre ellas el Ministerio de Salud- para impedir que jefaturas y otros funcionarios diesen declaraciones a los representantes de los medios. En el ámbito de la publicidad estatal -gracias a la cual en gran parte sobreviven medios formales y también programas alternativos- desde el Ministerio de Comunicación se giraron instrucciones para no atender a algunos ni brindarles pauta.
Debido a ello, varios periodistas protestaron y en el caso de la colega Vilma Ibarra, se vio en la necesidad de interponer un recurso ante los estrados judiciales correspondientes.
Maquinaria contestataria
Siguiendo el mal ejemplo, en redes sociales y otros medios a su alcance, infinidad de perfiles falsos y de “troles” han atacado con comentarios soeces, xenofóbicos, homofóbicos, injuriosos, etc. a periodistas y ciudadanos que discrepan de alguna medida tomada o externan su opinión particular en torno a temas de interés nacional, mancillándose así el derecho a la libre expresión que nos asiste a todos.
Está latente el peligro de que las amenazas de algunos fanáticos y seguidores del gobierno, se transforme en actos violentos que atenten contra la integridad física de periodistas y sus allegados. El riesgo y el temor que ello provoca, se ha cernido como una nube negra sobre los trabajadores de los medios, afectando también la imagen internacional del país, que tradicionalmente se ha reconocido como una nación defensora de los derechos humanos.
Recientemente, un numeroso grupo de periodistas colegiados hizo público y remitió al colegio profesional respectivo, un nuevo manifiesto exigiendo el cese del acoso contra la prensa y reclamando la acción institucional que hasta el momento resultaba nula, excepto para promover -de parte de la Junta Directiva- una especie de “protocolo” que redactaría el gobierno con el fin de regular las relaciones entre periodistas y Casa Presidencial, propuesta contraria a la ética y legalmente inaceptable en una democracia y a todas luces violatoria de la Constitución Política donde la libertad de prensa está debidamente tutelada.
Un paso más en la escalada de violencia
Como muchos periodistas y ciudadanos anticiparon, la violencia verbal se transformó en violencia física. Fue así como en la reciente gira presidencial a Limón, el periodista de CRHoy, Carlos Mora, fue víctima de abusos por parte de dos funcionarias del Ministerio de Comunicación del gobierno, que no sólo obstaculizaron su paso sino que además de manera grotesca le cortaron y echaron a perder la entrevista que estaba en esos momentos grabando con el vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
Brunner es una de las personas que ha sido mencionada en el expediente enviado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al Ministerio Público, con el fin de que se ahonde en una investigación sobre lo que el TSE denominó: “una posible y oscura estructura paralela en el financiamiento de la campaña del partido Progreso Social Democrático”.
Ante el repudio a estas acciones -presenciadas por testigos- que coartan la libertad del ejercicio periodístico profesional, garantizada constitucionalmente, las dos personas involucradas en los actos de violencia y censura contra el periodista Carlos Mora, han interpuesto denuncia penal en su contra, endilgándole acciones distintas a las que habrían ocurrido y eventualmente arriesgándose a resultar condenadas por simulación de delito, una figura que según el artículo 327 de nuestra normativa señala claramente que:
Artículo 327 -Se impondrá prisión de un mes a dos años, al que falsamente afirmare ante la autoridad que se ha cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de éste con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo.
Ante el caso denunciado y sustentado públicamente por el periodista de CRHoy, de último momento, el Gobierno tomó la decisión de despedir a la Ministra de Comunicación, Patricia Navarro.
En virtud de todo lo expuesto, los periodistas profesionales seguimos vigilantes de que la situación que perjudica nuestro desempeño y el de los demás trabajadores de prensa, no siga en aumento, pues está en juego una garantía constitucional que es condición sine qua non para la existencia misma de la preciada Democracia costarricense.
Reiteramos el llamado respetuoso a la cordura de los funcionarios del Gobierno, para que el ejercicio pleno de una prensa libre siga apuntalando la democracia en Costa Rica.
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